La manera en la cual Jennifer Carolina Vieira fue tristemente asesinada por su cónyuge, luego de una historia pública de maltratos de parte de éste último, nos conmueve como madres, hermanas, amigas, pero sobre todo como mujeres. Y cuando nos detenemos a pensar que, a tres días de su asesinato, ningún organismo oficial, encabezados coincidencialmente por mujeres, se ha pronunciado sobre este horrible hecho de violencia contra la mujer, nos entristecemos más aún.

El silencio de la Fiscal General de la República, la Defensora del Pueblo, la Ministra para la Igualdad de Género y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia nos duele. Nos duele que diputadas comprometidas con el tema, que han luchado por poner a la violencia de género en la agenda legislativa y han trabajado para garantizar la adopción y aplicación de leyes que protegen a la mujer de este tipo de violencia no hayan dicho nada. Nos duele, inclusive, que periodistas de larga y consolidada trayectoria, mujeres y hombres, en sus programas radiales o televisivos, ignoren este hecho o simplemente se limiten a discutirlo de manera desinformada y hasta frívola.

Si colectivamente no hicimos nada por preservar la vida de Jennifer Carolina, a pesar de tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, hagamos algo a partir de su muerte: es un momento para reflexionar sobre el estado de la violencia de género en Venezuela, y sobre nuestro papel frente al mismo, sin distingos de preferencias políticas, todos unidos, Estado, sociedad civil organizada, medios de comunicación y comunidad en general. Preguntémonos ¿qué hemos hecho? Y más aún ¿qué vamos a hacer de aquí en más para hacerle frente a este tipo de violencia que nos afecta no sólo en el hogar, sino en el trabajo, en centros de salud, en la calle…?

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un instrumento jurídico que, más allá de las críticas que algunos sectores le puedan hacer, sirve de base para hacer frente a esta compleja problemática. A casi 3 años de su aprobación, son pocas las mujeres que saben de su existencia o de cómo hacer uso de ella. La ley es poco comprendida entre comunicadores sociales, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, y la colectividad en general. Hay entonces una gran labor por delante: lograr su divulgación y conocimiento por parte de las mujeres venezolanas y la colectividad en general y exigir al Estado su cabal aplicación para evitar que episodios trágicos como el de este fin de semana se repitan. Hagámoslo no sólo por nuestros hijos, sino por los hijos de Jennifer Carolina, para que puedan vivir en una sociedad libre de la violencia que se llevó a su madre.

Publicado en el diario El Universal el 26 de abril de 2010.

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